Economista alerta sobre riesgos de la nueva Ley de Inversiones
El economista Martín Moreira, representante de la Red Boliviana de Economía Política, ha manifestado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Moreira hizo un llamado de atención sobre las implicaciones que los mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos tributarios y arbitraje internacional podrían tener en la capacidad del Estado para regular adecuadamente.
Moreira destacó que, aunque es vital que Bolivia capte inversiones tanto nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento económico, fomentar el empleo y adoptar nuevas tecnologías, es fundamental que estas inversiones vengan acompañadas de requisitos claros. Además, subrayó la importancia de asegurar que una parte significativa de los beneficios generados se mantenga en el país.
El proyecto de ley, que abarca 103 artículos, podría ofrecer garantías generales a los inversores antes de establecer nuevas normativas para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Según Moreira, este enfoque podría limitar la capacidad de negociación del Estado en áreas que son consideradas estratégicas para el país.
Asimismo, el economista expresó su escepticismo sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y sobre los mecanismos de arbitraje internacional propuestos, advirtiendo que las garantías ofrecidas a los inversores no deberían poner en riesgo la facultad del Estado para modificar sus políticas tributarias, ambientales o regulatorias en función de nuevas exigencias.
En relación a los incentivos fiscales, Moreira sugirió que se debe realizar un análisis sobre el impacto que tendría sobre la recaudación del Estado y qué beneficios tangibles se obtendrían a cambio en términos de empleo, transferencia de tecnología, exportaciones y desarrollo productivo.
Finalmente, enfatizó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en favorecer proyectos que generen empleo formal, promuevan la tecnología, fortalezcan a proveedores nacionales y aporten valor agregado, además de garantizar la protección de los recursos naturales y evitar que la atracción de capitales conduzca a una rápida transferencia de activos públicos.