Gobierno asume costos de prediarios y bono de vacunación tras la aprobación del nuevo PGE
Este viernes, el presidente Rodrigo Paz celebró la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, destacando que una de las decisiones más significativas es que el Gobierno asumirá el pago de los prediarios en las cárceles y el bono de vacunación. Estas erogaciones habían sido responsabilidad de las gobernaciones durante más de dos décadas, utilizando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Paz compartió en sus redes sociales que esta medida representa una redistribución de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos. "El Senado aprobó que el Gobierno central asuma, de aquí en adelante, el pago de los prediarios en cárceles y el bono de vacunación, que por más de 20 años financiaron las gobernaciones con sus recursos del IDH", expresó el mandatario.
El enfoque de esta decisión está alineado con el modelo denominado "50/50", que busca redefinir las responsabilidades entre el Gobierno nacional y las autonomías. "Redefinimos responsabilidades entre el nivel central y las autonomías, para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo. No es repartir plata. Es transformar cómo funciona el Estado", añadió el presidente.
En el marco de la promulgación del PGE Reformulado, también se estableció un aumento en el presupuesto nacional en más de 7.400 millones de bolivianos, alcanzando un total de 391.815,8 millones de bolivianos para la actual gestión. Esta norma incluye mecanismos para fortalecer tanto la inversión pública como privada, con el fin de impulsar la producción nacional y proporcionar más herramientas financieras a los gobiernos departamentales y municipales.
Entre las nuevas disposiciones, se permite a las gobernaciones y alcaldías aumentar sus recursos para ejecutar proyectos y se establece una evaluación de las empresas públicas deficitarias, buscando mejorar su sostenibilidad.
Además, el PGE Reformulado ofrece incentivos a la producción, como la exoneración del IVA durante cinco años para la importación y comercialización de insumos, maquinaria y bienes de capital en sectores como el agropecuario, industrial y de construcción.
Por último, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a buscar créditos externos de hasta 3.500 millones de dólares con organismos multilaterales y bilaterales, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad fiscal y financiar programas estratégicos.