Los altos costos de los taxis en Potosí generan indignación
Recientemente, un usuario de Facebook destacó las diferencias en los precios de los taxis entre Potosí y Sucre, revelando que mientras en Sucre se puede viajar por Bs 5, en Potosí los choferes cobran hasta Bs 20 por el mismo trayecto corto. Esta publicación rápidamente se volvió viral, reflejando el descontento de muchos potosinos con lo que consideran una "dictadura tarifaria".
La repercusión del post fue tal que, para el lunes siguiente, la Alcaldía de Potosí anunció la implementación de controles en el servicio de taxis. Sin embargo, el martes, una intensa nevada llevó a los choferes a aprovechar la situación, cobrando tarifas exorbitantes de hasta Bs 50 por persona en distancias medias. Las comparaciones son evidentes: un pasaje interdepartamental entre Potosí y Sucre ya cuesta Bs 50, lo que revela un problema serio en el cobro de tarifas de los taxis en la ciudad.
Cabe señalar que el costo de Bs 50 para el transporte interdepartamental es también ilegal, ya que la última tarifa establecida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) mediante la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) No. 0178/2013 es de Bs 21. Esto implica que los precios actuales son un 138,1 por ciento más altos de lo permitido.
Además, la RAR 32/2025, que entró en vigencia el 2 de enero de 2026, estableció tarifas que oscilan entre Bs 18 y Bs 29 para el mismo trayecto, lo que significa que los Bs 50 que cobran los taxis son un 72,4 por ciento más. En este contexto, se evidencia la inconsistencia en los precios, particularmente en comparación con el recorrido de 156 kilómetros entre Potosí y Sucre.
Por otra parte, en la ruta Potosí-La Paz, la RAR 0178/2013 señalaba un costo de Bs 129 por un bus cama, mientras que la RAR 32/2025 incrementó temporalmente las tarifas a un rango de Bs 148 a Bs 181. Sin embargo, algunas empresas han comenzado a cobrar hasta Bs 250, lo que representa un 38,1 por ciento más que la tarifa máxima estipulada. Esta situación pone de relieve la falta de regulación efectiva por parte de la ATT.
La inacción de la ATT desde el 30 de junio sugiere una irresponsabilidad en la gestión de las tarifas y, más preocupante aún, da margen para que los transportistas continúen cobrando precios desmedidos. Es crucial que se respeten las tarifas establecidas legalmente, de lo contrario, se está vulnerando la ley y perjudicando a los ciudadanos con cobros excesivos.