Fin de las negociaciones de paz en Colombia
Abelardo de la Espriella, mandatario de Colombia, ha decidido concluir las negociaciones de paz que su predecesor, Gustavo Petro, había iniciado con varios grupos armados ilegales, argumentando que estos no han mostrado un compromiso real por dejar la violencia. Esta decisión representa un cambio significativo en la política de seguridad del país.
El Gobierno ha emitido nueve resoluciones que revocan los nombramientos de los representantes del Estado y retiran el reconocimiento a los delegados de organizaciones que participaban en los diálogos de "paz total". Entre los grupos afectados se encuentran las disidencias de las FARC y otros grupos criminales en conversaciones con el Estado.
La decisión abarca al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandado por alias "Calarcá"; los Comandos de la Frontera; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno determinó que estos grupos no habían logrado avances satisfactorios hacia la paz.
De la Espriella también ha cerrado espacios de diálogo que tenían un enfoque sociojurídico, utilizados para tratar con organizaciones criminales sin reconocimiento político. Esto ha generado incertidumbre sobre proyectos en regiones como Putumayo y Nariño, que incluían programas de sustitución de cultivos ilícitos y una zona temporal de concentración para miembros de dichos grupos.
El presidente ya había anticipado un cambio en la estrategia al presentar a la nueva cúpula militar, donde criticó las negociaciones de Petro y desechó la posibilidad de un acuerdo con grupos que calificó de terroristas. Además, su Gobierno trabaja en un nuevo estatuto antiterrorista que se presentará al Congreso.
Las operaciones militares también han comenzado a intensificarse. De la Espriella reportó que ocho miembros de las disidencias de "Calarcá" fueron abatidos en un bombardeo en Guaviare, donde también falleció alias "Urías Perdomo", considerado uno de los líderes de esa estructura.
Asimismo, se autorizó la extradición de cinco líderes de grupos armados, incluyendo a Geovany Andrés Rojas, conocido como "Araña", quien es el líder de los Comandos de la Frontera. Estas extradiciones habían sido aprobadas desde 2025, pero habían quedado en suspenso durante las negociaciones de Petro.
Con estas acciones, el Gobierno de De la Espriella abandona la estrategia de diálogo amplia que caracterizó a la administración anterior, optando por una política más centrada en la presión militar, persecuciones judiciales y extradición de los principales líderes de estos grupos.