El DS 5693: Un movimiento polémico en el sistema financiero boliviano
El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha puesto en vigor el Decreto Supremo 5693, una disposición que introduce medidas excepcionales y temporales para las instituciones financieras que enfrenten dificultades en su solvencia hasta el 31 de julio de 2026. La intención de la normativa es prevenir un deterioro en el sector y asegurar la prestación continua de servicios financieros.
Una de las mayores preocupaciones se centra en el uso temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con un porcentaje del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y las entidades PYME. Este fondo fue diseñado para mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para proyectos vinculados a la vivienda social y créditos productivos.
Con la implementación del DS 5693, el fondo tendrá la capacidad de emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a aquellas entidades que necesiten apoyo para mejorar su solvencia. Estos certificados tendrán una duración de hasta 90 días, lo que significa que los recursos destinados originalmente a garantizar el acceso al crédito ahora se usarán temporalmente para fortalecer el patrimonio de las entidades financieras.
Este cambio provoca un debate crucial acerca de la salud del sistema financiero. Si las entidades requieren el uso de un mecanismo extraordinario para asegurar su solvencia, surge la cuestión de cuán grave es la situación actual. Al mismo tiempo, la norma no implica necesariamente que haya una crisis bancaria generalizada, ya que esto dependería de datos específicos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del Gobierno.
El impacto político y social de esta resolución es claro: los fondos que deberían facilitar el acceso a vivienda y crédito productivo ahora también podrán ser utilizados para fortalecer la base patrimonial de las entidades bancarias. Históricamente, estos fondos han sido claves para garantizar viviendas de interés social, incluso cubriendo parte del aporte inicial requerido por los bancos.
La interrogante que queda por resolver es: ¿Está el Gobierno protegiendo al sistema financiero para evitar una crisis más severa, o está sacrificando recursos destinados a vivienda y producción para atender problemas de solvencia de los bancos?