Intervención temporal de YPFB: 180 días para mejorar operaciones
El Ejecutivo ha establecido la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo máximo de 180 días con el fin de corregir fallas en su funcionamiento y así fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
El decreto que respalda esta decisión es el Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. En él se crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que se encargará de supervisar las actividades de la empresa estatal durante la intervención.
El periodo de intervención puede extenderse una vez por hasta 90 días adicionales si las razones que dieron origen a esta medida continúan, pero también puede concluir antes si se resuelven los problemas identificados.
Comisión interviniente y sus atribuciones
La Comisión de Intervención estará conformada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Su enfoque principal será garantizar la eficiencia en las áreas de comercialización y logística de combustibles.
Entre sus responsabilidades, la comisión evaluará los procesos de importación y distribución de combustibles, recomendando auditorías para detectar irregularidades como el contrabando o el desvío de productos. También tiene la facultad de sugerir la incorporación de expertos y de solicitar asistencia de entidades de control.
La intervención no implica la eliminación de YPFB ni alteraciones en su estructura legal. Sin embargo, los directivos y el personal de la empresa están obligados a colaborar con la comisión proporcionando la información que esta requiera, bajo advertencia de enfrentar sanciones administrativas o penales si no cumplen.
Por último, la comisión podrá realizar auditorías de toda índole y, si se identifican responsabilidades, elaborará un informe que será enviado a las autoridades competentes para las acciones correspondientes. Importante destacar que no se utilizarán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación para financiar la intervención.