Marinkovic impulsa la apertura del mercado de combustibles a la iniciativa privada
El legislador Branko Marinkovic ha vuelto a proponer una solución drástica ante la crisis de combustibles que afecta a Bolivia: abrir la importación, almacenamiento, transporte y comercialización de carburantes al sector privado, eliminando la intermediación obligatoria de YPFB.
Esta propuesta no es nueva, ya que en abril, cuando las filas para obtener diésel eran notorias en el país, Marinkovic argumentó que el modelo estatal había demostrado ser un fracaso, sugiriendo la privatización de la cadena de combustibles al señalar: “Se nacionalizó, no hay gas, no hay plata, hay filas.”
La propuesta se formalizó en un proyecto de ley que Marinkovic presentó junto a sus colegas Ernesto Suárez y Kathia Quiroga. Esta iniciativa busca que tanto empresas nacionales como extranjeras puedan importar gasolina, diésel y otros combustibles sin necesidad de cupos o autorizaciones previas.
Dentro de las medidas más destacadas se encuentra la sugerencia de reducir el IVA de 13% a 3% para los combustibles que sean importados bajo este nuevo régimen y eliminar otros impuestos que podrían obstaculizar la importación privada. También se plantea sustituir la ANH por una autoridad técnica encargada de asegurar la calidad y seguridad de los combustibles, sin poderes para asignar cupos.
La propuesta de Marinkovic ha cobrado importancia, puesto que el Gobierno de Rodrigo Paz está explorando un enfoque similar. Después de intervenir YPFB por hasta 180 días debido a problemas en la importación y distribución de combustibles, el Ejecutivo ha manifestado su intención de ir retirando a la estatal de la comercialización y abrir espacio a la participación privada.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó la existencia de diálogos con empresas privadas interesadas en importar combustibles, con el objetivo de que YPFB se enfoque en la exploración, explotación y refinación.
El mismo presidente Paz indicó que el Gobierno se orienta hacia el retiro de YPFB de la importación y comercialización, junto con la eliminación de subsidios y de mecanismos de protección a los sectores más vulnerables. La gran incógnita es quiénes serán los nuevos actores en este negocio, bajo qué condiciones operarán y si realmente se lograrán reducir las filas sin reemplazar un monopolio estatal por un mercado controlado por unos pocos privados.