La nueva ley de monetización minera: ¿una oportunidad o un riesgo para Bolivia?
Los momentos críticos en la gestión estatal suelen venir acompañados de decisiones cuestionables, y el nuevo Proyecto de Ley PL-728-2025-2026, conocido como “Ley Corta de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves de la Minería Estatal”, parece ser un claro ejemplo de ello. Este proyecto refleja una falta de dirección en la política minera del país, priorizando intereses particulares por encima del bienestar nacional.
A pesar de su aparente intención de resguardar el patrimonio minero, la ley establece un plazo de 180 días para la confección de un “Inventario Nacional de Desmontes, Colas y Relaves” y prohíbe la disposición de estos pasivos sin una valoración técnica. Sin embargo, la creación de una nueva burocracia bajo el Ministerio de Minería parece más bien una estrategia para consolidar el poder en lugar de seguir procedimientos ya establecidos.
Este proyecto ignora reglamentos anteriores que requerían licitaciones públicas para la venta de mineral. Al no integrar las normativas existentes, se crea una confusión que podría resultar en pérdidas económicas significativas para el Estado, que se ve presionado a monetizar rápidamente sin contar con la información adecuada.
La falta de estudios geológicos actualizados es un punto crítico que se debe considerar. Estudios previos realizados por la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA) ya habían estimado el valor de estos pasivos en millones de dólares, pero el Estado parece optar por la inmediatez en vez de realizar una correcta evaluación antes de proceder con la venta.
En un contexto global donde la competencia por recursos minerales críticos es feroz, Bolivia podría estar entregando sus riquezas a empresas multinacionales que se beneficiarán de la falta de claridad en la legislación. Compañías como Trafigura y Glencore podrían aprovecharse de esta situación, comprando los recursos a precios irrisorios y procesándolos en el extranjero.
Finalmente, la ley incluye un artículo sobre protección ambiental que parece insuficiente. Aunque establece que la monetización no debe generar nuevos pasivos, las condiciones de remediación son vagas, lo que plantea una grave preocupación sobre el impacto ambiental que podría resultar de estas decisiones.