Gobierno implementa recortes de gasto y evalúa nuevos apoyos sociales tras acuerdo con el FMI
El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Christian Morales, informó que el Gobierno seguirá realizando reducciones en el gasto público. Esto se enmarca en un programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye la evaluación de nuevos bonos y transferencias para ayudar a los sectores más desfavorecidos.
Morales destacó que el objetivo principal es regular las finanzas públicas sin que las familias de menores ingresos sufran el mayor peso de estos ajustes. "No queremos que los ajustes del gasto público que tenemos que realizar tengan un mayor impacto en los más vulnerables", enfatizó el ministro.
Recortes en áreas no esenciales y fortalecimiento del gasto social
Para alcanzar las metas fiscales, el Gobierno propone una reducción del gasto estatal, limitaciones en nuevas contrataciones, y una revisión de las subvenciones, así como la reestructuración de empresas públicas poco viables. La intención es lograr un reordenamiento financiero que favorezca al gasto social.
El acuerdo con el FMI también prevé una consolidación fiscal importante en los próximos años, priorizando inversiones que generen un mayor impacto económico y social.
A medida que se implementan recortes en diferentes áreas, el Gobierno asegura que se mantendrá un nivel mínimo de asistencia social para mitigar el impacto de la eliminación de subsidios y otros ajustes económicos en los sectores más vulnerables.
Morales mencionó que la documentación del acuerdo también contempla la mejora de los mecanismos de focalización de la ayuda social, con el fin de establecer un registro social unificado.
Proyecciones de reducción del déficit fiscal
Uno de los principales compromisos es la reducción del déficit fiscal, que se espera disminuir de -9,1% en 2026 a -6,4% en 2027 y -3,8% en 2028. El Gobierno aspira a alcanzar un déficit cercano al 2% para 2031, aunque el programa acordado con el FMI tiene una duración inicial de 36 meses.
El pacto de $us 1.900 millones incluye reformas adicionales, como la eliminación de la subvención general a los combustibles a partir de 2027, y el estudio de otras subvenciones, especialmente las relacionadas con el sector energético. Estas modificaciones se acompañarán de mejoras en la red de protección social para mitigar su impacto en la población vulnerable.
El Gobierno argumenta que estas medidas son parte de un plan más amplio que busca reducir el déficit, reconstruir reservas internacionales y estabilizar el mercado cambiario, así como reorganizar las finanzas públicas.