Sokol: Detener a Evo Morales no es prioritario por falta de pruebas sólidas
Mirko Sokol, el comandante de la Policía Boliviana, expresó que la detención de Evo Morales no figura entre las prioridades de su gestión, argumentando que las pruebas en su contra son insuficientes. Según Sokol, el caso de trata y tráfico que enfrenta el exmandatario carece de la solidez necesaria para dar curso a un operativo.
En una entrevista con el periodista José Pomacusi, Sokol mencionó que la Policía no cuenta con el respaldo legal apropiado para llevar a cabo ciertos operativos o para utilizar la fuerza si fuese necesario. Informó que están trabajando en un proyecto de ley que busca mejorar esta situación.
El comandante resaltó que la falta de pruebas robustas podría no solo retrasar la aprehensión de Morales, sino también poner en peligro a los agentes durante cualquier operativo, especialmente dado que se ha reportado la presencia de armados en la zona del Chapare. Sokol aseveró que un operativo sin el análisis adecuado podría resultar en daños colaterales, lo cual no es lo que la Policía desea.
Morales enfrenta acusaciones de trata y tráfico de personas, especialmente por una relación con una joven menor de edad, y posee una orden de aprehensión que aún no ha sido ejecutada. Además, Sokol se refirió a otra orden de aprehensión relacionada con el bloqueo de 53 días, indicando que también en este caso se requieren pruebas más sólidas.
El comandante subrayó que hay más de 18.000 órdenes de aprehensión pendientes, lo que lo lleva a considerar que el caso de Morales no es el más crítico. “Para mí no es el caso más importante”, afirmó Sokol, resaltando la necesidad de un análisis profundo antes de proceder con detenciones.
Finalmente, Sokol enfatizó que es fundamental contar con un sistema de justicia más sólido para evitar situaciones en las que, tras una aprehensión, el implicado sea liberado debido a la falta de pruebas, lo que haría que la acción no valga la pena. También advirtió sobre la fragilidad de la normativa actual, que expone a los policías a posibles procesos legales si ocurren incidentes graves durante las detenciones.