Bolivia aboga por protocolos de seguridad judicial en Quito ante el crimen organizado
Durante el evento denominado 'Diálogo sobre el papel de los poderes judiciales en la lucha contra el crimen organizado' en Quito, Ecuador, representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura de Bolivia hicieron un llamado a establecer mecanismos efectivos para salvaguardar a los jueces de las presiones y ataques vinculados al crimen organizado.
La delegación boliviana, integrada por el magistrado del TSJ de Cochabamba, Germán Pardo, y el decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, participa en esta actividad que se lleva a cabo del 24 al 26 de septiembre. Este taller busca revisar el Estatuto del Juez Iberoamericano y aborda los retos que enfrenta la justicia en relación con la delincuencia organizada.
Los magistrados bolivianos expusieron que la independencia del sistema judicial va más allá de la ausencia de injerencias externas. Es fundamental contar con condiciones de seguridad y estabilidad que permitan a los jueces actuar conforme a la ley, sin temor a represalias que pongan en riesgo sus vidas o la de sus familias.
Esta postura se fundamenta en la preocupación por la autonomía judicial, ya que resolver bajo la presión de organizaciones delictivas no solo compromete la imparcialidad de los fallos, sino que también afecta el derecho de la sociedad a recibir justicia de manera independiente y la misma estabilidad democrática del país.
Los representantes de Bolivia recordaron dos trágicos incidentes que han impactado el sistema judicial: el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en Cochabamba, y el del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido el 30 de abril de 2026 en Santa Cruz. Ambos crímenes muestran las características del sicariato.
Ante esta situación, Bolivia propuso la creación de un Protocolo Iberoamericano de Prevención y Respuesta ante Amenazas dirigidas a los Operadores de Justicia, que se complemente con protocolos nacionales para una actuación inmediata. Actualmente, el país carece de un marco integral que aborde esta problemática.