Crisis sanitaria en Cantumarca: el 86% de sus habitantes presenta contaminación por plomo
La situación de salud en Cantumarca es alarmante, ya que un estudio reciente mostró que el 86% de los 126 habitantes evaluados tiene niveles elevados de plomo en sangre, una consecuencia directa de la actividad minera en la región.
Desde 1996, se han llevado a cabo varias investigaciones sobre la salud de los vecinos de Cantumarca, pero la problemática persiste. En 2008, la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE) confirmó la contaminación por plomo, y Raúl Véliz, representante de Curaj Tata de la Nación Carangas, denunció la falta de acción por parte de las autoridades para mitigar este problema.
Los diques Laguna Pampa I y II, que ocupan unas diez hectáreas, han superado su capacidad y, pese a una acción popular que pedía su cierre, todavía permanecen en operación. La SOPE ha insistido en que no se han implementado las medidas necesarias para abordar la contaminación de la zona.
Los efectos de la contaminación por plomo son particularmente graves en los niños, quienes sufren impactos en su desarrollo y aprendizaje. La falta de respuesta institucional a esta crisis refleja una violación sistemática de derechos ambientales y sociales.
En 2023, un grupo de comunarios hizo pública la situación al detectar altos niveles de plomo en 116 pruebas de laboratorio. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también ha manifestado su preocupación y ha demandado atención médica adecuada, además de exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional que ordena el encapsulamiento de los diques contaminantes.
La SOPE ha estado monitoreando el impacto de la minería en la salud de la población desde 2007, con estudios que revelan que el 81% de los adultos y el 65% de los niños examinados en 2023-2024 presentan contaminación por plomo. Es alarmante que los niveles en los niños sean incluso más altos que en los adultos.
Cantumarca se encuentra rodeada de múltiples fuentes de contaminación, lo que agrava aún más la situación. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha perpetuado un ciclo de vulneración ambiental, dejando a la comunidad en un estado de riesgo constante.