Libertad anticipada en El Salvador: preocupaciones por posibles abusos
La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó un plan que permitiría la liberación anticipada de hasta el 50% de aproximadamente 10,000 detenidos, a quienes el gobierno considera como colaboradores ocasionales de pandillas. Esto se refiere a aquellas personas que no forman parte de las estructuras criminales en sí.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Sistema Judicial aún no se han pronunciado sobre la implementación de esta medida y el mandatario no ofreció información detallada sobre cómo se llevará a cabo el proceso.
Organizaciones de derechos humanos han calificado el plan como "discrecional", advirtiendo que podría llevar a personas inocentes a declararse culpables para poder salir de prisión. Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, expresó: "Los inocentes no deben ser forzados a confesar delitos que no cometieron".
Por su parte, Liliana Urias, parte del Movimiento Madres por la Libertad, comentó que sus familiares detenidos nunca tuvieron vínculos con pandillas y pidió que sus casos se resuelvan reconociendo su inocencia, en lugar de condicionarlos a una salida anticipada.
Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, añadió que este plan busca "silenciar" a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que si se declaran culpables, no podrán llevar sus casos a instancias internacionales.
De acuerdo con organizaciones como Socorro Jurídico, se estima que cerca de un tercio de los 93,000 detenidos durante más de cuatro años de régimen de excepción son inocentes. Además, casi el 90% de los arrestados bajo esta figura todavía no han sido procesados judicialmente y han pasado años incomunicados.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, criticó que el gobierno no tiene la autoridad para liberar a nadie y acusó a Bukele de exceder sus competencias.
Aunque la política antipandillas de Bukele ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos y cuenta con el apoyo de gran parte de la población, las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando numerosos casos de detenciones arbitrarias y abusos en el proceso judicial.