Aumento de causas judiciales contra opositores mientras caso Cerimedo avanza lentamente
En un contexto de creciente actividad judicial, el arresto del exministro de Defensa Edmundo Novillo y operaciones policiales dirigidas a movilizadores del evismo contrastan con la falta de progreso en la investigación sobre los audios del exasesor Fernando Cerimedo. Estos audios incluyen diálogos con figuras cercanas al presidente Rodrigo Paz que han sido corroborados por verificadoras nacionales.
La aprehensión de Novillo se produjo el 29 de octubre, tras su declaración ante la Fiscalía en La Paz sobre el caso de los radares. Esta indagación, promovida por el actual ministro Ernesto Justiniano, investiga un presunto perjuicio económico de más de 1.478 millones de bolivianos en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), que contemplaba la compra de 13 radares franceses. En esta causa también están implicados exministros como Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López.
En Cochabamba, las autoridades detuvieron a dos individuos durante un operativo que reveló la posesión de armamento y explosivos. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, uno de los arrestados, Alain Torrico, mantenía comunicaciones con el expresidente Evo Morales, lo que sugiere la planificación de actos violentos en las manifestaciones programadas para el 6 de noviembre. Los detenidos enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos.
Una nueva denuncia en el Ministerio Público de Santa Cruz indica la existencia de un sistema de 'pasanaku', donde ciertas autoridades fiscales habrían favorecido a periodistas a cambio de publicaciones favorables. El fiscal departamental, Jimmy López, mencionó que se podrían convocar a reporteros para investigar estos hechos, en medio de las indagaciones sobre el exfiscal general Roger Mariaca.
En contraste con estas acciones rápidas, el caso de los audios de Cerimedo permanece estancado. Desde hace semanas, han circulado grabaciones que involucran a altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Paz y la primera dama, María Elena Urquidi. A pesar de las investigaciones iniciales, éstas se han ralentizado, mientras el presidente ha desviado la atención hacia la posible filtración y creación de estos audios, sugiriendo incluso el uso de inteligencia artificial para su elaboración.
"Quien filtra o produce los audios debe ser investigado, no quien los graba ni sus contenidos" – Presidente Rodrigo Paz
El fiscal general, José Armando Urioste, anunció la creación de una nueva Dirección Nacional de Cibercrimen para rastrear el origen y la autenticidad de dichas grabaciones. Sin embargo, aún no se ha abierto un proceso penal por estos audios, lo que ha llevado a críticas de figuras como el empresario y político Samuel Doria Medina, quien exige una investigación exhaustiva y objetiva sobre el contenido de los mismos.