Acuerdo con el FMI promete alivio económico, pero llega con ajustes difíciles
Bolivia se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027. Esto se traduce en un aumento en los precios del diésel y la gasolina, lo que representa un cambio significativo en la política de subsidios del país.
El acuerdo, que podría inyectar hasta $us 1.900 millones a la economía, tiene como objetivo fortalecer las reservas y estabilizar el tipo de cambio, aunque su implementación implicará ajustes duros. Se anticipa que la economía continúe en recesión hasta 2027, con una esperada recuperación recién en 2028.
El memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que el Presupuesto General del Estado para 2027 no podrá contar con recursos para subvencionar combustibles. Durante el resto del año, los precios se mantendrán congelados, pero posteriormente deberán alinearse con el costo real de importación y comercialización.
Los analistas, como Marcelo Trigo, advierten que aunque la eliminación del subsidio aliviará la carga financiera del Estado, es probable que los precios en el transporte y otros sectores se incrementen, lo que podría impactar en la inflación y generar tensiones sociales.
La salida a este desafío económico debe incluir asistencia para los hogares vulnerables, sin embargo, la implementación de un sistema de registro para beneficiarios no estará lista hasta marzo de 2027, lo que plantea un riesgo significativo de que los precios aumenten antes de que se establezca este apoyo.
Trigo también señala que el acuerdo con el FMI no es solo una cuestión de recursos financieros, sino que puede restablecer la confianza de otros acreedores, lo que podría facilitar el acceso a nuevos créditos. Esto es vital para asegurar la estabilidad económica del país.
El compromiso con el FMI incluye un ajuste fiscal que equivaldría a alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, lo que requerirá medidas estrictas como la eliminación de subsidios, limitaciones en nuevas contrataciones y una reducción del gasto estatal.
En la misma línea, se prevé que el Banco Central de Bolivia adopte medidas para controlar la inflación, lo que puede traducirse en un encarecimiento del crédito y un impacto negativo en la demanda económica a corto plazo. Así, el desafío será encontrar un equilibrio entre ajustes necesarios y el bienestar de la población.