Bolivia reporta 965 casos de violencia sexual infantil en los primeros seis meses de 2026
La Paz, 9 de agosto de 2026. La Defensoría del Pueblo ha dado a conocer que durante el primer semestre de este año se han registrado un total de 965 denuncias por violencia sexual infantil, lo que revela una preocupante realidad sobre la persistencia de este delito en Bolivia.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, subrayó que la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que no solo afecta su dignidad, sino también su integridad física, psicológica y sexual, así como su desarrollo integral y futuro.
De acuerdo con información del Ministerio Público, en 2025 se contabilizaron 10.816 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 fueron por violación de infantes, niñas y adolescentes. En los primeros seis meses de 2026, la cifra de 965 denuncias sugiere que los casos se concentran principalmente en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La Defensoría del Pueblo ha destacado que muchos de estos abusos ocurren en entornos familiares o cercanos, lo que evidencia una problemática estructural que requiere una respuesta robusta por parte del Estado. En su pronunciamiento, se hizo eco de la obligación del Estado de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia sexual, tal como lo estipulan la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 548, entre otros instrumentos internacionales.
Además, la Defensoría ha mencionado algunas de las acciones que lleva a cabo para enfrentar este flagelo, incluyendo la creación de Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, campañas de sensibilización y el seguimiento a las obligaciones estatales.
Finalmente, Callisaya instó al Estado a fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, garantizando respuestas especializadas y evitando la revictimización, así como a asegurar la investigación y sanción efectiva de estos delitos.