Crisis carcelaria en Oruro: desafíos económicos y de derechos humanos
Los centros penitenciarios en Oruro enfrentan una crisis severa de hacinamiento, albergando más de 2.050 internos en instalaciones que no están diseñadas para tal carga. Esto ha llevado a que el gasto público asociado a la población carcelaria se eleve a más de Bs 4,5 millones anuales, afectando significativamente la asignación de recursos del Gobierno Autónomo Departamental.
Juan Carlomagno Arroyo Martínez, delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, señala que el penal de San Pedro tiene cerca de 1.750 internos, mientras que el Centro Penitenciario La Merced cuenta con más de 300, en su mayoría mujeres que se encuentran en detención preventiva. Esta situación resalta la discrepancia entre el número de internos y la capacidad de las instalaciones.
Entre las causas del hacinamiento, se encuentran las altas tasas de detenciones relacionadas con la violencia hacia mujeres y menores, así como delitos asociados al narcotráfico y el robo de minerales. Estos factores contribuyen al crecimiento constante de la población carcelaria, lo que a su vez incrementa los costos para el Estado.
El presupuesto para el Programa Estratégico a la Seguridad Ciudadana para 2026 se estima en Bs 4.561.121,41, que incluye un requerimiento adicional para cubrir la alimentación de los internos en los últimos meses del año. Esto representa un gasto de aproximadamente Bs 2.224,94 por cada persona privada de libertad, lo que subraya la presión financiera que enfrenta el sistema.
La reciente implementación de la Ley de Indulto ha permitido que 164 de las 180 solicitudes presentadas sean aprobadas, lo que ha tenido un efecto positivo en la reducción del hacinamiento. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo enfatiza que para abordar de manera efectiva este problema, es fundamental desarrollar políticas integrales que incluyan soluciones como la vigilancia electrónica y programas de rehabilitación.