Demandan sanciones más severas por incendios forestales en Bolivia
Rodrigo Herrera, destacado abogado especializado en temas ambientales, alertó sobre la grave situación que enfrenta Bolivia debido al incremento de incendios forestales. En su opinión, es fundamental que las autoridades hagan cumplir las regulaciones actuales y eliminen las llamadas "leyes incendiarias".
Desde el año 2024, está en vigor una pausa ecológica, establecida por una sentencia agroambiental, que prohíbe el uso del fuego para prevenir nuevos siniestros. Sin embargo, Herrera lamenta que esta normativa no se esté respetando. "La pausa ecológica obliga a todos los involucrados a cesar el uso del fuego, pero ya hemos confirmado tres incendios, lo que es muy preocupante", afirmó.
El abogado destacó que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) debe aumentar sus esfuerzos de control y actuar rápidamente para detener estos focos de incendio. Además, recordó que en 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado boliviano derogar las leyes que, según diversas voces, fomentan las quemas.
"Este informe identificó a los responsables de los incendios y sugirió que el Estado anule estas normativas. Sin embargo, dos años después, no hemos visto avances en la Asamblea Legislativa", expresó Herrera.
En relación con las normativas cuestionadas, mencionó que existen al menos diez leyes y decretos que están bajo la lupa, destacando la Ley 741, que desde 2015 permitió ampliar el uso del fuego a 20 hectáreas sin la necesidad de autorización. "Antes solo se podía quemar cinco hectáreas, pero esta ley aumentó el límite sin controles adecuados", apuntó.
Herrera también señaló que actualmente hay tres proyectos de ley en la Asamblea que buscan eliminar este marco normativo y solicitó el apoyo de los legisladores.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones responsables de investigar estos incidentes para que apliquen las leyes pertinentes contra quienes inician incendios. "La ABT debe actuar para identificar a los responsables y la Fiscalía debería proceder con arrestos y llevar a estas personas ante un juez, buscando penas de hasta ocho años", concluyó.