martes 1 de septiembre de 2026
Economía

Demandas de destitución crecen contra el ministro Gabriel Espinoza por irregularidades en su declaración

Por Redacción

La situación del ministro de Justicia, Gabriel Espinoza, se complica a medida que emergen denuncias sobre irregularidades en su declaración jurada. Según la normativa legal vigente en Bolivia, sus acciones podrían estar configurando varios delitos penales.

Entre los principales señalamientos se encuentra la omisión de bienes en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así como la subvaluación de un vehículo en un documento de transferencia. Estas acciones, de acuerdo con el Código Penal boliviano y la Ley N° 004, podrían ser catalogadas como falsedad en la declaración y evasión fiscal, lo que podría tener serias repercusiones legales.

Uno de los delitos más relevantes es el de falsedad en la Declaración Jurada, donde se sanciona a los funcionarios que presentan información incorrecta sobre sus bienes ante la Contraloría General del Estado. En el caso de Espinoza, se le acusa de no haber declarado un vehículo que poseía anteriormente, además de presentar un caudal patrimonial que no refleja la realidad.

Otra de las irregularidades incluye la falsedad ideológica, por la cual se registró un precio extremadamente bajo en un documento notarial respecto al valor real de un bien. Este tipo de acción puede perjudicar a las partes involucradas y también podría interpretarse como el uso de un documento falsificado.

Asimismo, se le atribuye la posible evasión fiscal a través de la subvaluación deliberada de bienes en contratos de transferencia. Declarar un costo muy por debajo del valor de mercado para evitar tributos es un claro indicativo de defraudación fiscal, que afecta las finanzas públicas.

Finalmente, las acusaciones de enriquecimiento ilícito también han cobrado fuerza, ya que se investiga un aumento patrimonial injustificado en relación a los ingresos que Espinoza ha declarado. La adquisición de un vehículo de alta gama, cuya compra no concuerda con su capacidad económica oficial, ha llevado a que la Unidad de Investigaciones Financieras intervenga en busca de aclarar el origen de esos fondos.