Denuncian a exautoridades de YPFB por casi Bs 17 millones en gastos excesivos
Yamil García, viceministro de Transparencia, ha llevado al Ministerio Público una denuncia que involucra a siete exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta denuncia se basa en un supuesto daño económico cercano a los Bs 17 millones, vinculado a obras de construcción y equipamiento de la denominada 'Casa Ejecutiva' de la empresa estatal.
Según García, los delitos que se indagan son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se señala que se utilizaron recursos públicos en una infraestructura que presenta lujos que no se justifican en el contexto de una entidad pública.
Gastos en equipamiento de lujo bajo la lupa
Los gastos que se critican incluyen equipos sofisticados de comunicación, mobiliario de diseño, sistemas de seguridad, además de lujosos televisores y equipos de sonido. García también resaltó la compra de altavoces Bose, cuyo precio supera los 500 dólares cada uno, así como obras de arte que adornan la casa.
El viceministro aclara que la investigación no cuestiona la calidad constructiva de la casa, sino la decisión de destinar fondos públicos para tales gastos. Asegura que no se ha demostrado el beneficio económico o social que esta construcción podría haber traído al Estado.
El propósito inicial de crear la casa ejecutiva era proporcionar alojamiento a los directores y altos ejecutivos de YPFB, evitando así su hospedaje en hoteles. Sin embargo, García subrayó que este proyecto no se incluyó en el Programa Operativo Anual (POA) ni en el presupuesto de 2014, aunque posteriormente se ordenó su inclusión por parte de la presidencia ejecutiva.
Exautoridades implicadas en la denuncia
La denuncia menciona a siete exfuncionarios de YPFB, incluyendo a Guillermo Achá, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo interino. También están involucrados el exgerente de Administración y Finanzas, el exjefe de Infraestructura y cuatro exmiembros del directorio que aprobaron la asignación de recursos para el proyecto.
García espera que las autoridades pertinentes realicen las acciones necesarias para que estos exfuncionarios respondan por las acusaciones. El caso ahora está en manos del Ministerio Público, que deberá investigar y determinar la responsabilidad de los acusados.