El 80% del transporte público en Bolivia no será afectado por el fin de la subvención al diésel
En un contexto de cambios económicos, la reciente eliminación de la subvención al diésel no impactará a la mayoría del transporte público en Bolivia. Según datos proporcionados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 80,3% de los vehículos de servicio público utilizan gasolina, gas natural vehicular (GNV) o una combinación de ambos combustibles.
De un total de 202.182 vehículos que conforman el servicio público en el país, solo 39.880 funcionan exclusivamente con diésel, lo que representa un 19,7%. En contraste, 67.815 utilizan gasolina solamente, 29.290 son de GNV puro y 65.197 combinan GNV con gasolina.
Además, se destaca que casi la mitad del servicio público (46,7%) utiliza GNV, que mantiene su subsidio sin inconvenientes en la distribución. Esto se traduce en que 94.487 vehículos pueden operar con GNV, con 29.290 de ellos funcionando exclusivamente con este combustible.
Razonamiento detrás de la medida
La decisión de eliminar la subvención al diésel busca combatir el contrabando y la corrupción en la distribución de combustibles, además de corregir un gasto público insostenible que ha afectado la economía nacional por más de 20 años. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, afirmó que este sistema de precios de combustibles ha mantenido un costo elevado para la sociedad boliviana.
Al finalizar 2025, Bolivia contaba con un total de 2.672.176 vehículos, de los cuales solo 129.148 pertenecen al servicio público, lo que representa un 4,8%. La gran mayoría (93,7%) son vehículos particulares que se beneficiaban del combustible subvencionado, lo que indica que el subsidio favorecía más a sectores de altos ingresos que a las familias más vulnerables del país.
Este mecanismo tuvo una función económica y social, pero también generó distorsiones muy crecientes. Más del 50% del beneficio de este precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y solamente cerca del 7% beneficiaba a hogares pobres.
El fin de este subsidio es un paso importante hacia la estabilidad económica de Bolivia. La eliminación del gasto anual de $us 2.600 millones permitirá redirigir esos recursos hacia proyectos vitales como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, según lo indicado por el gobierno nacional.