El Gobierno busca extender el estado de excepción y frena el debate constitucional
El Gobierno de Bolivia está considerando una nueva prórroga de 90 días para el estado de excepción que se instauró el 20 de junio, lo que podría llevar a un nuevo retraso en el tratamiento de las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que ahora debe ser votado en el pleno y luego pasar a la Asamblea Legislativa.
Esta decisión es significativa, ya que el artículo 140 de la CPE impide que se inicien reformas constitucionales mientras dure un estado de excepción. De extenderse esta medida, se mantendrían paralizados los proyectos de modificación de la Constitución, lo cual tiene implicaciones importantes para el futuro político del país.
La declaración del estado de excepción se produjo tras 53 días de bloqueos y conflictos sociales. Según el Gobierno, aún persisten amenazas de nuevas movilizaciones y grupos que podrían generar desestabilización. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli señaló que la intención de la ampliación es garantizar la estabilidad lograda después de estos conflictos.
Esta medida ha suscitado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, ha expresado que esta extensión representaría un retraso adicional de tres meses en una reforma constitucional que considera urgente. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) implica prolongar la falta de atención a lo fundamental", declaró.
La Defensoría del Pueblo también se ha manifestado sobre el tema, señalando que el estado de excepción debe ser una herramienta temporal y no aborda las causas estructurales de los conflictos, como los problemas relacionados con el combustible y el aumento del costo de vida.
A medida que el Gobierno busca mantener el control ante la posibilidad de nuevas protestas, el debate sobre la reforma constitucional continúa en el centro de la controversia política en el país.