Exautoridades de Oruro en la mira por millonarias deudas
El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) está evaluando la responsabilidad de exautoridades y exfuncionarios en relación a deudas millonarias vinculadas a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la constructora Ceibo. Esta iniciativa surge tras el pago de 21 millones de bolivianos por el suministro de alimentos durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
José Manuel González Ferrufino, secretario municipal de Asuntos Jurídicos, explicó que la deuda con EBA se generó por la provisión de alimentos durante la pandemia, mientras que la obligación con Ceibo está relacionada con la construcción de un paso a desnivel en la avenida del Ejército. Actualmente, el proceso con Ceibo se encuentra en fase de conciliación, donde ambas partes están revisando la documentación para esclarecer montos y el estado de la obra.
La Alcaldía ha detectado que algunos documentos no figuran en sus archivos, lo que ha llevado a una comparación con la información presentada por la empresa en el proceso judicial. Además, se planea realizar una inspección técnica para verificar los trabajos ejecutados antes de avanzar en el análisis final.
En cuanto a EBA, González recordó que se realizó un pago reciente de 21 millones de bolivianos, aunque aún queda pendiente un recurso de casación que podría conllevar pagos adicionales por daños y perjuicios. La decisión del tribunal será clave para determinar el futuro financiero del municipio en este caso.
El secretario enfatizó que, independientemente del resultado de estos procesos, es necesario iniciar acciones legales contra aquellos que provoquen perjuicios económicos al municipio. Afirmó que la administración actual no puede permitir que la irresponsabilidad de algunas autoridades del pasado afecte los intereses del municipio.
González también indicó que el alcalde Iván Quispe ha solicitado informes a las distintas unidades municipales para entender por qué el pago a EBA no estaba contemplado en el presupuesto actual y qué hechos llevaron a la demanda por daños y perjuicios.
Ambos casos representan obligaciones heredadas de administraciones anteriores, y los reclamos por daños y perjuicios podrían incrementar considerablemente el monto que el municipio podría enfrentar. La actual administración ha manifestado su intención de tomar medidas legales para identificar y exigir la reparación del daño financiero causado al Estado.