Exmilitar Gironda sigue en el radar del Estado tras su baja tardía
Fritz Juniors Gironda Aquize, un exteniente de Infantería, ha sido objeto de atención mediática tras su reciente aprehensión relacionada con una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas asociada a Fernando Cerimedo. Su caso ha generado interrogantes sobre el proceso de su baja del Ejército y la gestión administrativa que la rodea.
Gironda fue detenido el pasado viernes tras un intento de escape durante un operativo en una casa de cambios ubicada en la zona Sur de La Paz. Este lugar está siendo indagado por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas, y se alega que Gironda abandonó el establecimiento llevando consigo una bolsa que podría haber contenido dinero.
Desde el Ejército, se ha comunicado que Gironda ya no forma parte de la institución, indicando que su solicitud de retiro fue presentada de forma voluntaria y que el Tribunal del Personal del Ejército aprobó su baja en mayo de 2026. Se enfatiza que cualquier actividad posterior a su retiro es de carácter personal y no involucra al Ejército.
Sin embargo, la situación se complica debido a que registros previos indican que Gironda estaba activo en la plantilla del Ejército hasta fechas recientes. Según una investigación de Visión 360, en 2025 figuraba en documentos como parte del personal en servicio activo, con observaciones por no presentar declaraciones juradas ante la Contraloría. Esto ha llevado a solicitar una aclaración sobre los tiempos y procedimientos de su desvinculación.
La relevancia del caso se incrementó tras la fuga de Gironda durante el operativo policial y su posterior captura. Su abogado, Héctor Tapia, argumentó que el exmilitar creyó que se trataba de un asalto y rechazó cualquier relación entre Gironda y Cerimedo.
Las autoridades fiscales están investigando a Gironda en el marco de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y han solicitado su detención preventiva. Además de esclarecer su posible participación en las operaciones en cuestión, se plantea la necesidad de investigar si hubo alguna demora administrativa en la efectividad de su baja del Ejército y si, durante ese periodo, continuó recibiendo pagos del Estado.
Contexto legal y administrativo
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia en los procedimientos administrativos del Ejército y la necesidad de investigar a fondo cualquier irregularidad en la gestión de bajas de personal involucrado en delitos.