Gobierno boliviano impulsa reestructuración de empresas estatales para proteger la economía
El gobierno del presidente Rodrigo Paz ha decidido que la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas será una de sus principales prioridades, con el fin de salvaguardar los activos del Estado y evitar que el Tesoro General de la Nación asuma nuevas deudas.
Esta estrategia se formaliza a través del Decreto Supremo 5727, respaldado por diagnósticos de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y decisiones del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), en línea con la Ley 1755.
Condiciones para el proceso de disolución
Según la nueva normativa, las empresas que estén en proceso de disolución no podrán expresar nuevas obligaciones, disponer de sus activos, contratar personal, aumentar salarios ni firmar contratos que comprometan recursos futuros después de ser notificadas.
Los ministerios responsables tienen un plazo de quince días hábiles para presentar propuestas normativas con el objetivo de facilitar la conclusión de estos procesos de reestructuración.
Es importante destacar que el cierre de una empresa pública no detendrá las investigaciones sobre posibles responsabilidades. Los procesos legales continuarán de manera independiente a la disolución o liquidación de la entidad en cuestión.
Además, para garantizar la transparencia, los informes finales sobre estos procesos se enviarán a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que permitirá un seguimiento más efectivo de las decisiones y el estado de las empresas afectadas.
La norma establece medidas de salvaguardia para las empresas que se encuentren en procesos de disolución.