Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales
El Gobierno de Rodrigo Paz ha iniciado un proceso de reestructuración del aparato estatal, el cual incluye la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar empresas públicas que no se consideren viables. Este análisis podría afectar a entre ocho y diez entidades, según lo informado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que se realizarán diagnósticos técnicos para evaluar la viabilidad de las empresas estatales y determinar cuáles deben continuar operando y cuáles son una carga financiera para el Estado. Este mecanismo está respaldado por el PGE Reformulado 2026, que facilita la reorganización, disolución y liquidación de entidades estatales.
La situación financiera de diversas empresas estatales ha llevado a esta evaluación. La OFEP ha detectado que 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas cercanas a Bs 3.637 millones. Entre las entidades en riesgo están la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
El ajuste en el sector también se refleja en los recursos asignados a estas empresas. El PGE Reformulado prevé una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a empresas públicas, como parte del plan del Gobierno para reducir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el objetivo no es cerrar empresas de manera automática, sino encontrar la opción más adecuada, ya sea mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas o liquidarlas.
Entre las empresas en evaluación, destaca una que se dedica a la producción de papas fritas en El Alto, la cual podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o asociada con el sector privado, dependiendo de los resultados de la evaluación.
Con esta reestructuración, el Gobierno busca reducir una estructura empresarial que ha absorbido recursos públicos durante años. Así, las empresas deberán demostrar que pueden operar sin ser una carga financiera para el Estado.