Gobierno y FAM se reunirán el 28 de agosto para discutir demandas municipales
El Gobierno de Bolivia y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) han programado una reunión para el 28 de agosto a las 11:00 en el Ministerio de la Presidencia. El propósito es discutir las principales inquietudes económicas y las competencias de las alcaldías.
La información fue compartida en una conferencia de prensa donde participaron José Luis Gálvez, vocero presidencial; Johnny Torres, presidente de la FAM y alcalde de Tarija; y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
Los puntos centrales en la agenda incluyen el debate sobre el 50-50, la distribución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la redistribución de competencias, las deudas de los municipios, la Ley de Inversiones y los recursos adicionales al presupuesto estatal.
José Luis Gálvez destacó la importancia de mantener una buena coordinación entre el Gobierno y los municipios, subrayando que la reunión busca fomentar la democracia y el desarrollo del país a través de un diálogo efectivo.
Johnny Torres reveló que la FAM ha solicitado también una reunión con el presidente Rodrigo Paz para tratar de manera directa las preocupaciones más urgentes para los municipios, especialmente en lo que respecta al 50-50 y al IDH.
Otro tema que abordará la FAM es la necesidad de refinanciar las deudas municipales, que incluyen obligaciones con la Caja Nacional de Seguridad Social y ENDE, entre otros. Torres enfatizó que la intención no es evadir responsabilidades, sino negociar condiciones más favorables para el pago.
El ministro Aramayo confirmó que el 28 de agosto se llevará a cabo la reunión, donde se discutirán los diversos temas mencionados. Además, el Gobierno planea participar con un equipo de ministros y técnicos.
Finalmente, Aramayo indicó que el presidente Paz tiene como objetivo avanzar hacia un modelo más federalista, que no solo se limite a la distribución de recursos, sino que también contemple una revisión exhaustiva de las finanzas públicas y la capacidad de los gobiernos subnacionales para gestionar servicios.