La Asamblea evalúa la extensión del Estado de Excepción
Desde el 20 de junio, Bolivia se encuentra bajo un Estado de Excepción que se estableció inicialmente por un período de 90 días. La Asamblea Legislativa Plurinacional ahora estudia si se debe extender esta medida, clave en la administración de la crisis actual que enfrenta el país.
El debate sobre la ampliación del Estado de Excepción ha cobrado relevancia, especialmente debido a la persistencia de problemas en el abastecimiento de combustible y la amenaza de nuevas protestas. La decisión final recae en la Asamblea, que debe autorizar cualquier extensión.
Según un análisis constitucional presentado por Visión 360, la ampliación es jurídicamente válida, pero debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los parlamentarios presentes, conforme a la Ley 1740. Esto plantea un escenario complicado para el oficialismo, que necesita consolidar apoyo entre los legisladores.
El Estado de Excepción fue instaurado después de semanas de bloqueos que dificultaron la circulación y el abastecimiento en el país. Esta medida restringe temporalmente derechos como la libre circulación y reunión, además de prohibir bloqueos de carreteras, delegando su cumplimiento a las Fuerzas Armadas y la Policía.
La situación actual ha vuelto a tensarse, con la posibilidad de que las movilizaciones continúen. Si esto sucede, el Gobierno podría considerar la extensión del Estado de Excepción como una forma de contener la crisis que aún persiste en el país.
Esto plantea una interrogante sobre el uso de la ampliación del Estado de Excepción: ¿será una herramienta efectiva para asegurar la estabilidad o indicará que el Gobierno aún no ha logrado abordar las raíces de la crisis en Bolivia?