Nueva normativa en Bolivia para el registro de ONG y fundaciones
El presidente Rodrigo Paz Pereira firmó un decreto que busca optimizar el Registro Único Nacional, que ahora incluirá a fundaciones tanto nacionales como extranjeras. Este registro será gestionado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
La nueva norma obligará a todas las ONG y fundaciones a inscribirse en el Registro Único Nacional (RUN) para poder llevar adelante programas y proyectos de cooperación técnica y financiera, sin importar si la fuente de financiamiento es pública o privada. El certificado obtenido tendrá una validez de tres años y deberá renovarse cada tres años, con la obligación de actualizar la información anualmente en los primeros cuatro meses de cada gestión.
Las organizaciones que deseen operar en Bolivia deberán registrarse dentro de un plazo de 60 días hábiles tras obtener su personalidad jurídica o suscribir un Acuerdo Marco de Cooperación Básica. Además, deberán mantener un registro actualizado de sus beneficiarios finales, informando cualquier cambio en un periodo no mayor a 10 días hábiles.
El decreto también otorga al Ministerio correspondiente la capacidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados de las iniciativas ejecutadas por estas organizaciones, asegurando que alineen sus actividades con los planes de desarrollo del país. En caso de detectar incumplimientos, se notificará a las ONG y fundaciones para que realicen las correcciones necesarias.
Se establece un seguimiento detallado de los recursos financieros, con la obligación de que todas las transacciones se realicen a través de entidades reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Asimismo, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo reportará cualquier irregularidad a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Finalmente, aunque se abroga la anterior normativa del Decreto Supremo 22409, los registros vigentes continuarán en efecto hasta su fecha de vencimiento. Se otorgará un plazo de 60 días para emitir el reglamento correspondiente, mientras el RUN continuará operando bajo la normativa anterior.