Operativos contra el contrabando causan pérdidas de Bs 62 millones en Bolivia
En lo que va de 2026, las acciones contra el contrabando han provocado una afectación económica de más de Bs 62 millones, según declaraciones del viceministro de Lucha contra el Contrabando, José Castro.
Durante los primeros seis meses del año, se reportaron pérdidas de aproximadamente Bs 58,2 millones, de los cuales alrededor de Bs 56,5 millones están relacionados con el contrabando de internación, mientras que cerca de Bs 1,6 millones corresponden al contrabando a la inversa. En este período, se confiscaron 260 vehículos y se destruyeron 70.
Ya en el segundo semestre, se han sumado más de Bs 4 millones adicionales en afectaciones, junto con 13 vehículos más confiscados y seis incinerados. Castro destacó que desde el comienzo de su gestión se ha implementado un sistema de registro para documentar los esfuerzos en la lucha contra este delito.
Entre los productos más comunes que han sido incautados se encuentran artículos de línea blanca, línea negra, ropa usada y vehículos, así como una variedad de mercancías que, debido a su volumen, representan cuantiosos montos económicos.
El Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando ha concentrado su trabajo principalmente en el occidente del país, y se están desarrollando esfuerzos para extender las operaciones hacia el oriente con el fin de mejorar el control en las fronteras.
Castro también mencionó que en algunas áreas fronterizas, los habitantes y comunidades facilitan el transporte de mercancías ilegales, lo que los contrabandistas aprovechan debido a la vasta extensión del territorio y la dificultad para mantener una vigilancia constante.
La falta de presencia constante de autoridades en zonas fronterizas permite que el contrabando encuentre complicidad entre los pobladores, según lo señalado por el viceministro. Además, el Gobierno subraya que la lucha contra el contrabando exige no solo operativos y decomisos, sino también una coordinación efectiva entre diversas instituciones y la activa participación de la ciudadanía, considerando el impacto que este delito tiene sobre la producción nacional, el empleo y los ingresos del Estado.