Responsabilidades en la gestión de Arce y Paz por el escándalo de ‘gasolina basura’
El diputado Carlos Alarcón, quien integra la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar el escándalo de la ‘gasolina basura’, indicó que el informe elaborado por esta instancia señala posibles responsabilidades tanto en la administración de Luis Arce como en la actual gestión.
Este informe será analizado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá cómo continuar con la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos asociados a su suministro.
Alarcón mencionó que el informe incluye entre los señalados al expresidente Luis Arce Catacora, así como a los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de exejecutivos de YPFB, como Wilson Dorgathen. “Es evidente que ambas gestiones tienen responsabilidad en este asunto”, afirmó el legislador.
Uno de los puntos destacados por Alarcón corresponde a un contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol bajo la dirección de Dorgathen, en el gobierno de Arce. Este contrato, según el diputado, sufrió cuatro modificaciones durante la administración anterior y fue ampliado nuevamente en el actual gobierno mediante una quinta enmienda, firmada el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se levantó la subvención a los combustibles.
Alarcón cuestionó esta decisión, sugiriendo que el nuevo Gobierno debería haber cancelado dicho contrato y buscar alternativas de abastecimiento que se ajustaran a las nuevas condiciones de mercado. “¿Por qué decidieron ampliar el contrato en lugar de dejarlo expirar y conseguir gasolina de calidad acorde al precio internacional?”, planteó.
El legislador agregó que esta ampliación extendió la vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2026, periodo en el que, según su denuncia, continuó la provisión del combustible, relacionado después con el escándalo de la ‘gasolina basura’.
La investigación cobra importancia por su conexión con la principal empresa estatal del sector hidrocarburos y su impacto en el suministro de combustibles, un factor clave para la economía boliviana. Alarcón enfatizó que la responsabilidad no puede atribuirse únicamente a una administración, dado que el contrato se inició bajo Arce y fue modificado en la actualidad.
El diputado también criticó el tiempo que el informe pasó sin ser tratado en la Cámara Baja, señalando que permaneció alrededor de un mes en la Presidencia antes de su análisis. "Si la presidenta de la comisión lo dejó en pausa, eso podría haber minimizado su impacto", expresó.
Ahora, el documento será evaluado por el pleno de Diputados, que decidirá sobre la posible asignación de responsabilidades políticas y administrativas, además de otras acciones en el marco de esta investigación. Este caso reitera la necesidad de revisar la gestión de contratos de importación y provisión de combustibles, especialmente en un contexto donde el costo y la disponibilidad de gasolina y diésel afectan directamente al transporte, la producción y el costo de vida de los ciudadanos.