El régimen de Ortega en Nicaragua cambia la Constitución y elimina la competencia electoral
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobierno sandinista, ha dado un paso significativo al aprobar en primera instancia una reforma a la Constitución que excluye a los opositores considerados "traidores a la patria" de los procesos electorales. Además, esta reforma extiende el período de mandato presidencial de seis a siete años.
Con el fin de consolidar su poder, esta reforma será ratificada el 18 de enero de 2027, permitiendo así que los actuales líderes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se mantengan en el poder por un tiempo más prolongado. Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007, es el líder que más tiempo ha permanecido en el poder, sumando un total de 30 años en distintas etapas.
Durante una sesión especial celebrada recientemente, la reforma fue aprobada de manera unánime. Esta modificación impide la participación de cualquier ciudadano que sea catalogado como "traidor a la patria", un término que se ha usado para deslegitimar a al menos 452 opositores, incluidos reconocidos escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La enmienda también prohíbe que se postulen aquellos que hayan estado involucrados en intentos de golpe de Estado o que busquen apoyo financiero del extranjero. Esto permite a las autoridades excluir indefinidamente a cualquier oposición del proceso electoral.
Con respecto a la duración del mandato, la reforma establece que el período de gobierno para las autoridades electas será de siete años, lo que también se aplica a quienes sean ratificados por la Asamblea Nacional, incluidos los altos mandos del Ejército y la Policía.
Las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 se han pospuesto ahora para noviembre de 2028, debido a estas reformas. El nuevo texto constitucional también introduce un principio de soberanía que rechaza la aplicación de leyes extranjeras en el territorio nicaragüense, salvo en los convenios firmados por el Estado.
Ante estas reformas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un llamado a no comerciar con Nicaragua, argumentando que estas modificaciones buscan eliminar las elecciones libres y consolidar el régimen de Ortega. Otros países, como Costa Rica y Guatemala, han manifestado su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua.
En respuesta a las críticas, el Gobierno de Nicaragua ha defendido su decisión, señalando que "la soberanía de un pueblo no se discute". China, aliado del país centroamericano, ratificó su apoyo a la no injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, abogando por el respeto a su desarrollo nacional.