Paz se distancia de los audios y deja en manos de la Justicia su autenticidad
El presidente Rodrigo Paz optó por no posicionarse respecto a los audios divulgados por el vicepresidente Edmand Lara, que supuestamente muestran conversaciones entre él y el exasesor argentino Fernando Cerimedo. Paz enfatizó que la resolución sobre la autenticidad de dichas grabaciones debe ser realizada por la Justicia a través de un análisis técnico.
Al ser interrogado sobre los audios, el mandatario afirmó: “Dejemos a la Justicia que actúe, dejemos que haga su trabajo”. Además, recordó que durante la campaña electoral se propagaron numerosos audios que buscaban descalificarlo y confirmó que no tomará decisiones basadas en grabaciones cuya veracidad no ha sido confirmada.
Uno de los audios que Lara presentó sugiere que Paz y Cerimedo discutieron sobre el estado de excepción declarado el 20 de junio, tras semanas de bloqueos. En ese material, se habla de crear una "narrativa" para justificar dicha medida, además de dirigir acciones hacia regiones específicas como el Chapare. Lara mencionó que enviaría esta grabación al Ministerio Público para su análisis.
La controversia se complica aún más con otro audio que Lara había difundido previamente, que supuestamente muestra a María Elena “Bibi” Urquidi, esposa de Paz, conversando con Cerimedo sobre la destitución del excomandante de la Policía, Mirko Sokol. La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, también ha cuestionado la autenticidad de las voces en las grabaciones.
La postura de Paz parece ser una estrategia de mantenerse distante del conflicto político generado por los audios. Mientras Lara asegura que, de confirmarse su autenticidad, estos demostrarían la influencia significativa de Cerimedo en el Gobierno, el presidente insiste en que primero debe existir una verificación técnica de las grabaciones.
Por el momento, el caso queda en manos de una pericia técnica. Hasta que se logre establecer la identidad de los interlocutores, el momento de la grabación y si el material ha sido alterado, los audios no podrán ser considerados como prueba concluyente en las acusaciones que emergen de su contenido.