Investigación penal contra Teresa Morales por tres delitos
La Fiscalía de La Paz ha decidido abrir una investigación penal contra Ana Teresa Morales Olivera, quien fue ministra de Desarrollo Productivo y dirigió la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Este proceso se basa en una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, y se le imputan tres delitos: incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.
El documento que da inicio a la investigación fue presentado ante un juez de instrucción anticorrupción el 27 de octubre por la fiscal Lizeth Genara Carvajal Limachi. La denuncia registra a Morales como acusada de incumplir los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal.
Esta acción legal surge tras las críticas del gobierno sobre el desempeño de la UIF en años anteriores. Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, la UIF dejó sin respuesta 65 requerimientos enviados por su oficina, algunos de los cuales involucran a personas con influencia política y económica.
García destacó: "La UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones", lo cual sugiere un posible trato discriminatorio en el manejo de las solicitudes. Esto llevó a la denuncia contra Morales, quien estuvo al mando de la UIF de marzo de 2018 a 2019, durante el último mandato de Evo Morales.
Además, el viceministro mencionó que existen acusaciones de que la UIF, bajo la dirección de Diego Alejandro Barboza hasta octubre, se utilizó con fines políticos o económicos. Barboza, quien fue reemplazado el 22 de octubre, figura entre las 15 personas bolivianas a las que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa en contexto de su lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió la destitución de Barboza, mencionando que fue resultado de investigaciones internas y que el gobierno no tenía conocimiento de su inclusión en la lista estadounidense.
La UIF tiene la responsabilidad de analizar información financiera para detectar posibles indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Sus funciones implican el manejo de datos confidenciales y sensibles, lo que hace aún más relevante la investigación en curso.
El caso contra Morales no es nuevo; en agosto de 2019, ya había enfrentado una investigación por la difusión de documentos relacionados con depósitos bancarios de una empresa privada. En esa ocasión, se le acusó de incumplimiento de deberes y revelación de secretos, pero ella negó cualquier irregularidad, asegurando que sus acciones estaban respaldadas por la normativa vigente.