Denuncias de Corrupción y Minería Ilegal Sacuden Potosí
La diputada Lissa Claros ha denunciado públicamente al clan familiar Torres-Medinaceli por estar presuntamente involucrado en actos de corrupción y minería ilegal en el departamento de Potosí. Esta denuncia incluye la posibilidad de interpelaciones a diferentes ministros y la toma de acciones legales contra los implicados.
Claros señala que el núcleo de este clan está encabezado por Sergio Medinaceli, padre del exministro de Hidrocarburos, y su hermano Alejandro Medinaceli, actual diputado. También menciona a los parlamentarios Juan José Torres y Kattia Aranda, quienes estarían relacionados con el entramado de corrupción.
La diputada presenta evidencia que indica que el esposo de Kattia Aranda ocupa el cargo de Asistente de Gestión Parlamentaria, y que el anterior ocupante de esta posición ahora es gerente de Entel en Potosí. Llama la atención que esta persona, que es abogado, no califica para su nuevo cargo que debería ser ocupado por alguien con un título en administración de empresas.
Además, se menciona que el hermano del diputado Torres tiene un puesto importante en la Alcaldía de Potosí. La legisladora asegura que todas estas acciones son parte de un esfuerzo por parte del clan para controlar el gobierno local y beneficiar a sus allegados, sin respetar principios de meritocracia.
Lissa Claros también acusa al clan de estar involucrado en minería ilegal, donde se han otorgado contratos y concesiones a particulares que son favorecidos por su influencia en el Estado. Como resultado, la diputada ha anunciado su intención de interpelar al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, para que explique estas irregularidades.
La legisladora subraya que años de trabajo para reubicar a cooperativistas y otros sectores en áreas mineras ahora parecen haber sido en vano, ya que estas zonas han sido concesionadas a particulares cercanos al clan, perjudicando a quienes deberían beneficiarse de estos espacios.
Finalmente, Claros ha solicitado la intervención de la Contraloría General del Estado para que investigue las designaciones de estas personas en sus respectivos cargos y examine posibles irregularidades. Asimismo, se convocará al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, para que entregue un informe sobre la situación actual.